El proyecto
Sobre Qué Compra el Estado
La contratación pública española ya es información abierta. El problema es que se publica en formatos que solo entiende una máquina. Esto es lo que hacemos con ella, cómo lo hacemos y qué no deberías esperar de estos datos.
Por qué existe
Cada año las administraciones españolas firman cientos de miles de contratos menores: la reparación del colegio, el suministro de material sanitario, la empresa que monta las fiestas del pueblo. Todo eso se publica por obligación legal, y cualquiera puede descargarlo.
El problema es cómo se publica: ficheros ATOM comprimidos con el esquema XML CODICE, gigabytes de etiquetas anidadas. Técnicamente es transparencia; en la práctica, para responder a «¿cuánto dinero público ha recibido esta empresa?» o «¿en qué se gasta el dinero mi ayuntamiento?» hace falta un programador y varios días.
Este sitio existe para cerrar esa distancia: coger esos ficheros, ordenarlos y convertirlos en páginas que se leen. Es gratuito y no hay que registrarse.
De dónde salen los datos
De la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), a través de sus ficheros de sindicación oficiales, y del catálogo datos.gob.es. Son datos abiertos, reutilizables al amparo de la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público.
Ahora mismo cubrimos contratos menores del periodo 2022–2026. El proceso se ejecuta todos los días de forma automática: descarga el incremento publicado, lo integra, recalcula los agregados y vuelve a publicar el sitio. No hay intervención manual en la carga de datos.
Cada ficha de contrato enlaza a su expediente oficial en la PLACSP, para que puedas comprobar el dato en origen sin fiarte de nosotros.
Qué hacemos con ellos
Los datos oficiales llegan crudos y sucios: mayúsculas y minúsculas inconsistentes, erratas, un mismo NIF con quince grafías distintas del nombre de la empresa, importes y fechas manifiestamente erróneos. El trabajo consiste en cinco pasos:
- Extracción. Se recorre el XML CODICE y se extraen los campos relevantes: expediente, objeto, importe, fechas, código CPV, organismo contratante, jerarquía territorial y adjudicatario. Se procesan también las anulaciones, para no seguir mostrando como vigentes contratos que la administración ha retirado.
- Normalización. Las variantes del nombre de una misma entidad se unifican por su identificador fiscal, de forma que los contratos de una empresa se agrupan aunque en la fuente aparezcan escritos de diez maneras.
- Clasificación. Los códigos CPV europeos, que son numéricos, se traducen a categorías legibles del tipo «Construcción y obras» o «Servicios informáticos».
- Anonimización. Antes de publicar nada se detectan los adjudicatarios que son personas físicas y se retiran sus datos identificativos. Se explica abajo.
- Agregación y redacción. Se calculan los totales por empresa, organismo, categoría y provincia. En las fichas principales, un modelo de lenguaje que ejecutamos en nuestros propios equipos —no se envía nada a servicios de IA de terceros— redacta un resumen en prosa a partir de esas cifras ya calculadas, nunca del texto libre, para que no pueda inventarse datos.
Qué no vas a encontrar aquí
Conviene ser claro sobre los límites, porque son varios:
- No es una fuente oficial. No tenemos relación con ninguna administración pública. Si un dato de aquí no coincide con la PLACSP, el bueno es el de la PLACSP.
- No cubre toda la contratación pública. De momento solo contratos menores. Las licitaciones ordinarias, los contratos por procedimiento abierto y las subvenciones quedan fuera, así que los totales que ves no son el gasto público total de una empresa ni de un organismo.
- No afirmamos que haya irregularidades. Que un organismo concentre su gasto en un proveedor puede tener explicaciones perfectamente legítimas. Aquí se publican cifras, no acusaciones.
- No es asesoramiento legal, fiscal ni de inversión, ni una herramienta para presentar ofertas.
- No arreglamos los errores de origen. Si una administración publicó un importe con un cero de más, ese dato entra tal cual salvo que sea un error evidente y corregible automáticamente.
Personas físicas
Una parte de los adjudicatarios no son empresas, sino autónomos y particulares. Sus datos sí son datos personales, y los tratamos distinto: el nombre no se publica —se sustituye por la etiqueta «Persona física»— y el DNI o NIE no aparece en ninguna página. El importe sí sigue contando en los totales, porque es gasto público y ese es justamente el interés que justifica todo esto.
Si aun así aparece un dato personal tuyo en el sitio, puedes pedirnos que lo retiremos: el procedimiento está detallado en la política de privacidad y lo aplicamos también a las cargas futuras, para que el dato no reaparezca. El razonamiento jurídico completo está en la política de privacidad.
Cómo se financia
Con publicidad, y solo si la aceptas. Todo lo que se publica aquí es de acceso libre: no hay muro de pago ni hace falta registrarse, y no vendemos datos de usuarios. Si rechazas las cookies publicitarias el sitio funciona exactamente igual y sin anuncios; tampoco se muestran en las páginas legales. Los anunciantes los elige Google, no nosotros, y no influyen en los datos que se publican. Está desarrollado en la política de cookies.
Si ves un error
Escríbenos. Los errores de procesamiento —una empresa duplicada, una categoría mal asignada, un importe que no cuadra— se corrigen, y agradecemos que nos los señales: es la forma más rápida de que esto mejore. Indica la dirección de la página y qué dato concreto falla, y lo revisamos.
Formulario de contacto · hola@quecompraelestado.es
Quién está detrás
Qué Compra el Estado es un proyecto de Distributed Ledger Technologies, S.L. (CIF B93568814), con domicilio en Plaza Marqués de Salamanca 8, 29601 Marbella (Málaga). Los datos identificativos completos están en el aviso legal.
Última revisión de esta página: 26 de agosto de 2026.